AÑO 3 NO. 17 || 30 . ABRIL . 2013
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
La oralidad civil y el perfil del nuevo juez.

Artículo elaborado por: Mtro. Rodrigo Guadalupe Rodríguez Vázquez.
Catedrático de la Facultad de Derecho
Universidad De La Salle Bajío, A. C.

Imagen tomada de: http://www.orihuelaoblitas.com/fotos/ab4.jpg



1.- INTRODUCCIÓN.

En esta breve opinión tratare de exponer la inquietud que de manera personal el perfil que debe seguir el Juez civil en los procesos de oralidad, pues no obstante que esta modalidad de procesos ya han surgido en diversas ocasiones a través de la historia, lo cierto es que a partir de las doctrinas positivistas y de los grandes cambios históricos que trajo la revolución francesa, así como la división de poderes del Estado, el Juez fue tomando una actitud pasiva en el proceso hasta el punto de ser un mero aplicador de las normas jurídicas vigentes, en embargo, los cambios sociales, que son el constante eje de movimiento del Derecho, nos han llevado a la actualidad, en este mundo globalizado, a modificar los cánones establecidos para la función jurisdiccional en nuestro sistema jurídico positivista, en el que el Juez ya no sólo debe ser un aplicador del derecho, si no también un ente activo del proceso, con ciertas habilidades directivas y argumentativas que dejan a un lado la simple aplicación estricta de las normas, por ello, es que esta opinión se encausa a buscar cuál debe ser el perfil que debemos tener los juzgadores que debemos integrarnos a la renovadora justicia oral.

2.- BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL JUICIO ORAL.

Como en la mayoría de las figuras jurídicas que rigen nuestro sistema jurídico, tenemos que remontarnos, invariablemente al derecho romano que es la fuente primaria de nuestro derecho positivo, más que por las formas, por las figuras jurídicas, pues haciendo un análisis histórico de los orígenes del derecho romano, encontramos sin lugar a dudas que la modalidad imperante de los procesos romanos era la oralidad, mismo que imperó en las dos épocas mas trascendentes del derecho romano y que son la derecho nacional y la del derecho honorario y de gentes, etapas en las cuáles prevaleció el principio de juicios públicos, con libre valoración de la prueba, así pues, el juez en una misma audiencia pública escuchaba a las partes, recibía las pruebas, inspeccionaba los elementos demostrativos y dictaba su fallo, lo que sin lugar a dudas hacía que los procesos fueran ágiles y efectivos, dado que esa era la función del Estado en relación con la administración de justicia, en virtud de que el ciudadano no comparecía a juicio por la controversia que tuviera con una parte, sino por el sometimiento que tenía al Estado para poder obtener una decisión eficaz emitida por la autoridad.

Asimismo, si examinamos los diversos sistemas de procedimientos civiles romanos y precisamos sus caracteres, comprobaremos que la forma oral era esencial en ellos. Mencionando tan solo tres fundamentales que fueron el de las acciones de la ley, el formulario y el extraordinario. En el primero el sistema era netamente oral pues imperaba la inmediatez y la actuación de las partes, así como la libre valoración de la prueba, rasgos fundamentales y predominantes en este proceso, en el que se tenían que recitar las formulas de manera verbal y por tanto se vayan de un orador o del advocatus (abogado en términos actuales) pero la declaración de la parte misma era lo trascendente de este proceso, el cual era preponderadamente oral por su propia dinámica y sistema.

Posteriormente, en el segundo de los sistemas llamado formulario, nació la forma de la Lex Aebutia, que quitó la obligatoriedad de las acciones de la ley, entonces coexistieron dos sistemas una verbal y el otro escrito, los cuáles eran elegibles por las partes con aprobación del magistrado , no obstante la oralidad en el proceso civil romano se mantuvo como la parte substancial y prevalente.

Finalmente, el sistema extraordinario estaba basado en los principios del juicio oral y, haciendo un examen de las leyes romanas, podemos concluir que éstas consagraban un juicio oral, por tanto es que, no es fuera de contexto que si nuestro sistema jurídico civil parte de una base romana, podamos adecuar el mismo a un proceso de oralidad que haga efectivas esas diversas figuras jurídicas.

Pues bien, como sabemos la vigencia del derecho romano abarcó gran parte de la historia de la humanidad, pues fue el auge de mas de doce siglos de la era actual de dominación jurídica y cultural, romana al punto que es la base de la mayoría de las legislaciones actuales en occidente y de algunas mezcolanzas con oriente.

Una vez que decayó el dominio del imperio romano, las formas del proceso civil fueron modificándose, hasta llegar la escuela judicial de Bolonia y su sobresaliente influencia canónica italiana, se transformó el derecho en un secreto escrito en el que pocos sabían los métodos, formas y pasos para seguir un proceso, las audiencias se hicieron privadas para poder dictar sentencias que satisficieran intereses políticos más que una administración de justicia, de ahí que tanto la Iglesia católica como los Gobernantes (Reyes, Monarcas, Emperadores), mantuvieran una mínima práctica de los procesos orales, predominando el derecho escrito.

Sin embargo, esta situación fue modificada por la Revolución Francesa y la promulgación del Código Napoleón, que dieron vida al procedimentalismo civil, que no ponderaba la existencia de un sistema escrito, sino más bien la publicidad de los procesos, es decir que tuvieran una clara secuencia que fuera del conocimiento de todos los intervinientes, que además se siguieran públicamente a fin de que todo el ciudadano tuviera conocimiento de la existencia de un proceso y el seguimiento que el Estado le daba, ponderando la existencia de las audiencias de pruebas en las que el Juez estuviera en contacto directo con las partes y pudiera así resolver de manera eficiente y eficaz la controversia, lineamientos que ponderaron las leyes austriacas, francesas, inglesas y alemanas.

La idea del procedimentalismo Francés tuvo su auge de influencia en el derecho Italiano, quien tuvo en Chiovenda al máximo exponente del proceso oral civil italiano con influencia en gran parte de los sistemas jurídicos latinos, pues desarrollo y defendió la existencia de un proceso oral civil como la forma funcional, practica, eficaz e inmediata de impartir justicia por los Tribunales.

La cercanía de España con Francia e Italia y la extensión del Imperio Frances por la península Ibérica, denotaron jurídicamente en la inclusión de las ideas procedimentalistas en España, quien atendiendo a una también importante influencia del derecho canónico adopto los procedimientos en sus diversas etapas y formas pero con la preponderancia del sistema escrito, dejando solo unas pautas a la oralidad en el desahogo de las pruebas y la audiencia final del enjuiciamiento, lo que quedó plasmado en la Ley de Enjuiciamiento Civil Español, del tres de febrero del año de 1881, que reduce la exposición verbal por la escrita a la mayoría de las peticiones, dejando a salvo el desahogo de las probanzas.

Pues bien, para concluir esta pequeña reseña histórica, podemos decir que dada la influencia notoria del derecho Español en nuestro sistema jurídico mexicano, fue que adoptamos la existencia clara y preponderante de una forma escrita del proceso, sin embargo, atendiendo también a los antecedentes que tiene nuestra legislación sustantiva civil con arraigo en el Derecho Frances, podemos asumir que no es fuera de contexto el que esas figuras jurídicas que emanan además del derecho romano puedan ser retomadas a través de los procesos orales que en realidad han sido defendidos y propuestos en diversas legislaciones Europeas, de las cuales también tenemos influencia en nuestro sistema jurídico, como sería el caso de la doctrina Italiana y Alemana que renuevan los sistemas clásicos del proceso escrito, por los de un proceso oral que sea más eficiente para la solución de las controversias judiciales.

3.- EL JUICIO ORAL EN MATERIA CIVIL.

Sin temor a equivocarme, considero que la reforma del modelo procesal civil en nuestro sistema jurídico mexicano es necesaria, y por tanto debemos afrontarle con la misma seriedad y voluntad con la que se ha llevado la reforma al proceso penal en su modalidad de oralidad.

Esta reforma tiene su base social en la deficiencia que ha tenido en las últimas décadas el proceso civil en su aplicación práctica el cual ha quedado sujetado a un modelo exageradamente escrito, que hace nugatorios los tiempos procesales y genera desde luego el retardo de las resoluciones judiciales, lo que conlleva un retardo en la administración de justicia pronta y eficaz, que permita realmente producir una trasformación en las vidas de quienes acuden ante un Tribunal en la búsqueda de solución a un conflicto.

Dentro de los diversos exámenes que se pueden hacer de la accesibilidad a los Tribunales Civiles de forma eficaz está sin lugar a dudas la modalidad de los juicios orales civiles, en los que debe predominar la audiencia pública y verbal, que permitirían superar los problemas de cargas de trabajo y exceso de tiempos procesales, atacando sin lugar a dudas esa imagen actual de una justicia lejana, donde el dictado de las resoluciones surge después de atravesar por una serie de etapas escritas que en la mayoría de los casos sirven para dilatar el proceso y evitan que el Juez pueda dictar su sentencia lo mas pronto posible, pues existen casos en los que el Juez, con el sólo planteamiento del caso podría emitir una sentencia sin necesidad de más pruebas que las aportadas inicialmente, empero, el formalismo escrito nos lleva a una serie de pasos previos (y dilatantes) que se deben cumplir para que se pueda obtener una sentencia.

Por ello, en estas breves líneas se intenta, exponer dos cosas, la primera, el diagnóstico histórico y la accesibilidad que tiene nuestro proceso civil en base a sus bases jurídicas para retomar la oralidad en materia civil, como una forma practica de solucionar los conflictos; y, la otra, es el tratar de dilucidar cuál es el perfil que debe imperar actualmente en el Juez que deba adoptar esta forma de procesos.

4.- LA FUNCIÓN DEL JUEZ EN LA NUEVA PERSPECTIVA SOCIAL.

Pues bien, en mi experiencia profesional dentro de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, he logrado advertir dos cuestiones pragmáticas en relación a los conflictos surgidos entre los particulares, y son:

1.- La voluntad de las partes materiales de solucionar las controversias que someten al conocimiento del Juez.

2.- La habilidad de ciertos Jueces, para escuchar, proponer y resolver de manera practica las controversias que se someten a su consideración.

Respecto a la primera debo decir que ni la lógica común –ni la lógica practica profesional- me llevan a concebir que, a una persona que acude ante un Tribunal haciendo un reclamo a través del ejercicio de una acción, le interese prorrogar el problema por el cuál tuvo que acudir a juicio, sino que, mas bien, el interés de toda parte que acude a un proceso es la solución de su controversia.

De igual forma se conduce la parte que resiente el reclamo, pues una vez emplazada, tiende psicológicamente a querer solucionar el problema. Luego, si la razón humana opera de esta forma, ¿Por qué no dar al ciudadano los métodos, formas y procesos adecuados para la solución de sus problemas de la manera más pronta y eficaz?

Así pues, tomando un poco el tema de la psicología social, podemos decir que el ciudadano, aún con la denostada imagen que pudiera tener del Juez, sigue confiando en éste, y por ello, los Tribunales siguen generando certeza en la sociedad, basta con observar que no obstante que se han incluido diversos procesos alternativos para la solución de conflictos, el ciudadano sigue acudiendo ante los Tribunales para que sean los Jueces los que diriman sus controversias, de ahí que las cargas de trabajo de los Tribunales no se vean disminuidas con la implementación de esos diversos medios alternos, y por ende, la solución no esté en esas opciones alternas, sino en la forma de hacer más eficaces y productivos los procesos jurisdiccionales.

De ahí que debo precisar que, dentro de nuestra sociedad aún se sigue respetando la investidura del Juez; tan es así que los órganos judiciales cada día se preocupan más por resaltar a éste servidor público, proporcionando los elementos necesarios para su mejor preparación, no sólo jurídica, sino también personal, lo que ha generado que se comiencen a cambiar los paradigmas clásicos de la función jurisdiccional. Sin embargo, la concepción teórica conceptual se esfuma cuando se enfrenta a la realidad; sobre todo a esa realidad práctica del litigio, en la que se podría imaginar y conceptualizar al Juez como esa figura que nos presentan los clásicos del derecho, -incluso al punto del elogio- , sin embargo, cuando se tiene la vivencia cotidiana de lo que es el litigio -o la función jurisdiccional-, se debe reconsiderar el concepto teórico, filosófico que se tiene de este personaje y llevarlo al campo de la realidad, sobre todo de nuestro país.

Por tanto, ante esa realidad práctica que tienen que enfrentar los jueces durante la secuela del litigio, es que deben asumir diversas técnicas y tácticas personales para impartir justicia y poder solucionar el conflicto de la mejor manera, al punto que en ciertas ocasiones el Juez, se sale de los parámetros clásicos que le marca su función y trata de avenir situaciones con el efecto de que las partes puedan llegar a una solución práctica de su conflicto.

Debo referir que esto no acontece en la mayoría de los jueces; sólo en algunos que se atreven a salir de la cuadratura de la función, con el fin de generar una mayor eficacia en la solución de las controversias; sin embargo no todos los jueces tienen este perfil, ni este ánimo de solucionar los conflictos eficazmente, por ello, dada la formalidad y legalidad con la que actúan la mayoría de ellos, es menester establecer mecanismos constituidos en las Leyes Procesales que obliguen a los jueces a adoptar otros perfiles de su función para solucionar de manera pronta y eficaz los procesos que les son asignados, mecanismos en los que se encuentran incluidos los procesos orales.

5.- EL PERFIL DEL JUEZ EN LOS PROCESOS DE ORALIDAD CIVIL.

La forma en la que se ha diseñado el sistema procesal civil mexicano claramente se sustenta en la escritura como una regla formal y exclusiva de la práctica procesal.

Prácticamente, el aforismo jurídico que reza “lo que no existen en el expediente no existe en el mundo” y la preponderancia de la existencia del expediente no cuentan con unos sobrecargas efectivos, ni aún en aquellas instancias o procesos en los cuales el legislador ha pretendido la introducción de mayores grados de oralidad. Por ello, la denotada estructura escrita del proceso civil y la arraigada cultura de la escritura son un obstáculo impasable para la introducción de los cambios con influencia real en los procesos.

Incluso, quienes operan y se sujetan al sistema jurídico diseñan su actuación a las reglas de conducta propias del modelo escrito, haciendo accesible de esta forma el surgimiento y la consolidación de los importantes problemas que caracterizan el funcionamiento del sistema procesal civil nacional.

A esta situación tampoco pudieron escapar nuestros jueces, quienes desde luego, se han visto inmersos en un modelo jurídico procesal que por un parte privilegia el exceso y acumulación de documentos y actas; y, por el otro desvalora el principio de concentración procesal y pone trabas prácticamente insuperables a la inmediación judicial.

En efecto, el carácter abismalmente escrito del procedimiento civil mexicano, su incuestionable desunión y desconcentración y su excesiva duración han generado el fenómeno de la "disipación" del juez durante el desempeño del mismo, salvo en lo que se relaciona con el dictado de las resoluciones. En esta labor formal se ha impuesto la intermediación y la delegación, incluso con el soporte de expresas normas legales que así la autorizan, resintiendo de esta manera actividades procesales tan centrales como la prueba, donde paradójicamente el destinatario es el juez, dado que cada vez el Juez tiene que atender más asuntos de escritorio y lectura de los procesos que ponderar el principio de inmediatez de la prueba.

Por ello, la situación es suficientemente delicada, por no decir grave, toda vez que la forma escrita del pro0ceso no se ha mostrado como una buena cómplice en la actividad judicial pues cada vez limita más la presencia del Juez en el desahogo de las pruebas y en las fases del proceso, como son las audiencias de alegatos y en general la asistenta personal del juez a las audiencias de partes.

Lo que ha generado que cada día el juez debe encogerse de hombros "hurgando" entre los generalmente numerosos escritos acumulados en el expediente, donde se añaden las actas en las cuales se recogen las pruebas rendidas ante otros actos delegados, por ello, en este esquema de trabajo el juez acostumbra fallar sólo leyendo el expediente que se pone a su disposición; por ello, los jueces actuales son resolutotes “de papeles” no de verdaderas probanzas, a lo que podríamos llamar en un juez que resuelve en base a la lectura del expediente y no al desahogo de las pruebas, situación que ha sido consentida por los Juzgadores, pues al estar avocados principalmente a la lectura del expediente han olvidado que parte importante y trascendente de su función es la inmediatez del proceso, donde ellos estén a cargo del desahogo de las pruebas y de las audiencias, incluso de escuchar a las partes, que es una necesidad reclamante de nuestra actual sociedad.

Por tanto, atendiendo a estas prácticas tradicionales que hemos desarrollado del proceso civil escrito y a la necesidad de implementar nuevas formas de hacer eficaz la justicia, es que la inclusión del proceso civil oral debe sobre todo cambiar la mentalidad del Juez lector, para convertirlo en un juez actor del proceso, que entienda que los tiempos de la pasividad judicial forman parte de un proceso civil escrito decadente que solo tiene lugar en los anales de la historia y la doctrina clásica del formalismo judicial, retomando sobre todo esas concepciones virtuosas de la función jurisdiccional que surgen en el derecho romano, donde el juez es la figura central del proceso pues representa la autoridad a la que el ciudadano acude para que éste resuelva el conflicto y escuche, atienda y haga efectiva la administración de justicia.

6.- CONCLUSIONES.

1.- El proceso Civil Romano era eminentemente oral, pues así se advierte de sus diversas etapas y formas procesales.

2.- Ante la decadencia del imperio romano, se desarrollo en la edad media un ocultismo procesal, en el que se generó la práctica del derecho escrito sobre el oral, pretendiendo sobre todo el mantener en secreto los procesos no dando la debida publicidad.

3.- A partir de la revolución Francesa se desarrolla el procedimentalismo civil, que vuelve a generar la publicidad de los procesos y el establecimiento de etapas claras para los justiciables, sistema adoptado por la mayoría de los países Europeos, sin embargo esta práctica fue influenciada en España con el derecho canónico que ponderó la practica de un derecho procesal eminentemente escrito con algunos matices de oralidad en el desahogo de pruebas y audiencias, tradición que fue tomada por nuestro sistema jurídico procesal.

4.- El avance social y el desarrollo de nuevas formas de hacer eficaz y eficiente la justicia nos han llevado a retomar los orígenes prácticos de nuestro sistema jurídico para implementar los procesos orales, ante los cuales la actitud de los jueces debe cambiar para retomar las formas originales del proceso civil.

5.- Las cargas de trabajo y la inmensa práctica del derecho escrito han hecho de nuestros jueces simples lectores de constancias que tiene que emitir sus resoluciones en base a un expediente integrado por los escritos y las actuaciones judiciales a las que no comparece el Juez, perdiendo el principio de inmediatez.

6.- La inclusión de los procesos orales civiles, generarán la revitalización de la verdadera función jurisdiccional en la que el Juez es en el proceso el verdadero director, y por ello, remota su papel primordial activo y eficiente en el desahogo de las audiencias, atendiendo a los principios básicos de la función judicial y del derecho procesal.

7.- BIBLIOGRAFÍA.

Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto. Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Editorial UNAM. México 2000

Alexi, Robert. Derecho y Razón Práctica, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, México, Primera Edición 1993, número 30

Aristóteles. Arte Retorica, Colección Sepan Cuantos, número 715, Editorial Porrúa, México 2005.

Atienza, Manuel. Las Razones del Derecho, Teoría de la Argumentación Jurídica. Editorial UNAM. México 2008

Atienza, Manuel. El sentido del Derecho. Editorial Ariel, Segunda Edición, España 2006.

Atienza, Manuel. Cuestiones Judiciales, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, México 2002, primera edición, número 91.

Becerra, Bautista José. El Proceso Civil en México, 1999, Editorial Porrúa, México

Bentham, Jeremías. Tratado de las Pruebas Judiciales. Editorial Ángel Editor. México 2008.

Bobbio, Norberto. El Problema del Positivismo Jurídico. Editorial Fontarama, México 2010.

Calamandrei, Piero. El Elogio de los Jueces, 10a.impr. México, Ed. Porrúa, 1992.

Calsamiglia, Albert. Racionalidad y Eficiencia del Derecho. Biblioteca de Ética, Filosófica del Derecho y Política. Número 24. Distribuciones Fontarama. México 2003

Hans, Kelsen. ¿Qué es la Justicia?, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, México, número 10, México, 2002.

Hans, Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Editorial Porrúa, México 2007.

Notas al pie de página:

1 No debe sorprendernos que en la actualidad, en la restauración de los proceso orales puedan existir casos de legislaciones en las que convivan dos sistemas a la vez, el oral y el escrito, como podría acontecer en la mayoría de los Estados de nuestro país, en los que la tradición positivista y formal escrita no podrán hacerse a un lado tan fácilmente atendiendo a nuestras raíces jurídicas.

2 Me refiero sin lugar a duda a Piero Calamandrei en su obra “El elogio de los Jueces”, Ed. Cárdenas Editores, 1995.

3 Al respecto cabe destacar que en materia penal y en materia mercantil ya se han tomado ese tipo de medidas al instaurar los juicios orales en materia penal y presentarse el proyecto de reforma al Código de Comercio, para la instauración de los Juicios Orales en Materia Mercantil, el cual a la fecha ya fue aprobado e incluida en esa normatividad mercantil el Juicio Oral Mercantil, lo que generará un cambio en los perfiles de los Jueces que deban resolver este tipo de controversias.



La revista Ex Lege es una publicación trimestral, que contendrá interesantes secciones, como las dedicadas a las aportaciones de docentes, alumnos y autores invitados, así como espacios para ponencias, conferencias, entrevistas y noticias.