AÑO 6 NO. 24 || 15 . DICIEMBRE . 2015
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
Análisis crítico de la aplicación de subsidios federales por los municipios y su impacto en la autodeterminación de la prima de riesgo prevista en la Ley del Seguro Social.

Artículo realizado por: *Licenciado Rafael Aguas Ángel
Docente de la Facultad de Derecho
Universidad De La Salle Bajío A.C.

Imagen tomada de: contadormx.com



1.- SITUACIÓN DE HECHO OBSERVADA.

Los Municipios seleccionados para ser beneficiarios del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) y que optan por aplicar los recursos económicos obtenidos para incrementar las condiciones laborales del Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del Municipio en lo concerniente a atención médica para casos de emergencia o para programas médicos menores, nivelación académica, becas educacionales y apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda, con frecuencia pasan por alto analizar las posibilidades alternas que existen para dar esta clase de apoyos utilizando otros medios previstos incluso en la Ley de Ingresos para la Federación.

Es innegable la importancia que reviste el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de cualquier ser humano, pues ello desemboca en dignificar su formación personal; no obstante ello, es importante hacer mención que si el Municipio ya acreditó ser apto para ser acreedor del subsidio de referencia, también lo es que sería más beneficioso para el interés de la colectividad, que esa índole de apoyo se destinara en su totalidad a la capacitación, adiestramiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad pública, porque las prestaciones que se otorgan mediante el instrumento que contiene los criterios generales con que se deben aplicar, puede fusionarse congruentemente al Plan de Seguridad Social con el que se distribuye esa clase de apoyos para los trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

Concatenado a lo anterior es legalmente viable acordar con la Federación, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la totalidad del subsidio para la seguridad pública de los Municipios se destine a los rubros anteriormente señalados, para que en lugar de desviar fondos del SUBSEMUN para el mejoramiento de las condiciones laborales de los policías, las mismas sean cubiertas con base en lo previsto a través del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; esto es, utilizando las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios por conducto de las entidades federativas para la satisfacción de sus requerimientos consistentes en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, ya que esa especie de erogaciones representa una parte del gasto corriente de la Administración Pública Municipal, de donde y por lo tanto he aquí una forma de incrementar los sueldos de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública municipal. En ese orden de cosas, cabe hacer mención que con sustento en la ante citada norma jurídica, tal clase de aportaciones federales también puede emplearse para atender las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, existiendo así una forma adicional para allegarse recursos aplicables al fortalecimiento de las demás áreas de oportunidad en materia de seguridad pública.

En abono a lo anterior se tiene que es admisible considerar que puede replantearse la forma como se clasifican las masas dinerarias que con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación percibe un Municipio, toda vez que en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se hallan previstos los diversos fondos en que pueden clasificarse las aportaciones que tiene permitido percibir la hacienda pública municipal, aprovechándose así con mayor eficiencia los recursos económicos disponibles para este nivel de gobierno.

En el ámbito de la seguridad pública municipal ha destacado que mientras mejor capacitados estén los miembros de las respectivas corporaciones, menos incidentes fatales así como riesgos acontecerán, de ahí que debe buscarse la profesionalización de los elementos policiacos a través de las instituciones apropiadas que se encuentran establecidas en el país puesto que el Municipio de Purísima del Rincón no cuenta con esa autonomía dentro del organigrama que conforma su Administración Pública.

Por otro lado, el fortalecimiento que estructural de la organización administrativa de un municipio, en tratándose del ámbito de la seguridad pública, implica no solamente la capacitación física y académica sino además el adecuado equipamiento de los integrantes de la corporación para hacer frente a las situaciones inminentemente peligrosas, es decir, en las cuales no puede evitarse el uso de la fuerza para contrarrestar la violencia y restablecer con ello el orden.

En ese tenor es importante que se cuente con chalecos antibalas que proporcionen la mayor protección y sean lo menos voluminosos y pesados tales como el kevlar, uniformes fabricados con textiles resistentes tanto a la fricción como a agentes flamables como es el caso del asbesto, cascos y escudos elaborados con polímeros tenaces y maleables para absorber los impactos producidos con toda clase de elementos contundentes de manera tal que protejan al máximo la integridad del policía que los porte.

En consonancia de lo anteriormente expuesto, es de decirse, que no basta con tener los adelantos tecnológicos que fueron citados, pues como consecuencia del desgaste los mismos requieren ser periódicamente supervisados para mantener constante su eficacia y paralelamente la integridad física de los miembros de la corporación policial del Municipio.

Así las cosas resulta menester que se cuente con un almacén supervisado por empleados debidamente capacitados en la inspección y análisis de toda clase de equipos e instrumentos utilizados por los cuerpos de seguridad pública municipal, de lo que se sigue la estricta indispensabilidad de que un departamento de control de calidad forme parte de esta área de la Administración Pública Municipal Descentralizada, así como que a la vez quienes lo conformen obtengan previamente las certificaciones exigidas por las normas oficiales mexicanas e internacionales que en la especie resulten aplicables para mantenerlos constantemente aptos en la calificación de las condiciones en que se encuentren los objetos en comento, contribuyendo así al adecuado funcionamiento de la Entidad Municipal del Mérito.

2.- CRÍTICA CORRECTIVA.

Para evitar desaprovechar los recursos económicos destinados a los municipios es recomendable emitir un documento oficial para dejar sin efectos el diverso que contiene los Criterios Generales Conforme a los cuales fue Acordado el Otorgamiento de las Prestaciones Correspondientes al Programa SUBSEMUN 2015 de Mejora de las Condiciones Laborales, con la intención de captar la clase de recursos que se distribuyeron por medio de ese instrumento, es decir, atención médica para casos de emergencia o para programas médicos menores, nivelación académica, becas educacionales y apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda, para destinar la totalidad del subsidio obtenido de la Federación exclusivamente a la materia de seguridad pública municipal, dado que la forma como se estuvo aplicando puede ser sustentablemente suplida mediante la reconfiguración de las cantidades en que se han venido percibiendo las distintas clases de aportaciones federales vía el Presupuesto de Egresos de la Federación, dicho de otra forma, incluyendo las cantidades establecidas en el documento que contiene los supracitados Criterios Generales dentro de la partida correspondiente a los Fondos de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, para los Servicios de Salud y para la Infraestructura Social, podría solventarse la manutención de esa clase de estímulos para mejorar las condiciones laborales del Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del Municipio sin tocar los recursos del SUBSEMUN.

En armónica sintonía a lo anterior se sugiere calendarizar adecuadamente las actividades en que habrán de erogarse las aportaciones que se perciban de conformidad con lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que de no ejercerse en su totalidad, las diferencias que subsistan como remanente en las arcas de la hacienda pública municipal serán disminuidas del Presupuesto de Egresos del año siguiente e inclusive con fundamento en el primer párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, de no terminarse los recursos que hayan sido percibidos durante el ejercicio anterior es posible que la Legislatura del Estado establezca su distribución entre los municipios basándose en principios recaudatorios y resarcitorios, lo que quiere decir que si aquella considera que el Municipio por sí sólo recaudó suficiente no amerita que se le extiendan más recursos económicos; asimismo puede ser que la Legislatura del Estado resuelva que en virtud de no haber logrado ciertas metas recaudatorias al municipio deba resarcírsele de los importes no recaudados; desprendiéndose entonces que si se demuestra que año tras año se agotan las participaciones federales así como la necesidad de mayores cantidades en aras de la existencia de proyectos en que sean aplicables, será mayormente viable contar con esa clase de recursos económicos de la Federación por conducto de la Legislatura del Estado. Así las cosas es ilustrativa la Tesis de Jurisprudencia P./J. 50/2005 con número de registro 178395, consultable en la página 1200 del Tomo XXI, Mayo de 2005 que conforma el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, criterio jurisdiccional que es del tenor literal siguiente:

PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CANTIDADES EN QUE SE REDUZCAN A UNA ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE UN EJERCICIO, NO PUEDEN DESTINARSE A INCREMENTAR SUS PARTICIPACIONES DEL SIGUIENTE AÑO, PUES SU DESTINO ES EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. El artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viole los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX o 118, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de dicha entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a dichas disposiciones; y que las cantidades en que se reduzcan tales participaciones incrementarán el Fondo General de Participaciones en el siguiente año. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 2o., 6o., 7o., 9o. y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el objeto y naturaleza jurídica de las participaciones federales, se advierte que las cantidades en que se reduzcan las de una entidad durante un ejercicio, en modo alguno se destinarán a incrementarlas en el siguiente año, ya que no lo establece así el mencionado artículo 11, pues éste se refiere al incremento del Fondo General de Participaciones, el cual, de conformidad con los artículos 2o., fracción I y 6o. referidos, se distribuye con base en los montos comprendidos en él a las entidades federativas y éstas a su vez las canalizan a sus Municipios, de acuerdo con disposiciones de carácter general que las Legislaturas Locales indiquen, aunado a que dicho fondo es el instrumento financiero mediante el cual la Federación distribuirá los ingresos participables a las entidades coordinadas, de acuerdo con las bases que señala la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos.

Controversia constitucional 57/2003. Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 10 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

De conformidad con lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con semejantes apoyos son satisfechos aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

A efecto de contar con los beneficios del SUBSEMUN, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública toma como parámetros la población municipal, la incidencia delictiva y las características turísticas del municipio, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.

De resultar seleccionado el municipio y adicionalmente a lo anterior deberá aportar un 25% del recurso federal que le corresponda como coparticipación. Empero, es importante destacar que los recursos otorgados por el SUBSEMUN deben ser ejercidos antes de concluir el año y para el caso de que el beneficiario no cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la Federación los recursos no aplicados.

Para fortalecer el acuerdo que se suscriba entre la Federación y el Municipio en materia de seguridad pública es importante destacar que es de explorado derecho que en el ámbito del derecho administrativo resulta inconcuso que para evitar cualquier clase de inconformidad por parte de cualquier individuo que se encuentre legitimado para pronunciarse en contra de esta clase de acto de autoridad, debe cumplirse cabalmente con el requisito de la debida fundamentación, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa, para emitir el acto de molestia, siendo necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales que se vulneran por añadidura en este acto de autoridad por encontrarse insuficientemente fundado.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial en Materia Administrativa de la Novena Época 2a./J. 115/2005 con número de registro 177347, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 310 del tomo XXII, septiembre de 2005 y que bajo la voz siguiente reza:

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P. /J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

Manteniéndome en la línea de pensamiento desarrollada, resulta aplicable también invocar la Tesis de Jurisprudencia de la Novena Época en Materia Administrativa I.5o.A. J/10 con número de registro 171455, consultable en la página 2366 del Tomo XXVI, Septiembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consistente en lo siguiente:

FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.

De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial.

Revisión fiscal 38/2007. Subadministrador de lo Contencioso "2", en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, de los subadministradores de resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1", en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Revisión fiscal 95/2007. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Andrés Vega Díaz.

Revisión fiscal 109/2007. Subadministrador de lo Contencioso "3" de la Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2" y de lo Contencioso "1" y "2", en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad demandada, Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Soledad Tinoco Lara.

Revisión fiscal 122/2007. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Karen Leticia de Ávila Lozano.

Revisión fiscal 131/2007. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 21 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Raúl Eduardo Maturano Quezada.

De la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 Constitucional se advierte que los actos de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación en su época de emisión, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer con exactitud el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, además de evidenciar el no poder otorgar la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si este es o no conforme a la Ley vigente, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto vigente que invoque, o que éstos se hayan derogado.

Así, la competencia en materia administrativa es un complejo de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo, y por ende un concepto que se aplica a todos los órganos del Estado, para indicar la esfera o el ámbito (material, territorial, por grado, y el lapso del tiempo o sea temporal), dentro del cual pueden ejercer válidamente las funciones que le son propias; por tanto, se convierte en un elemento esencial de la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 Constitucional, que exige por un lado, que el acto de molestia conste de un mandamiento escrito en el que se expongan en forma precisa los fundamentos legales vigentes y los motivos de hecho que sirvieron de base para ordenarlo, y no pretender inferirlos, pero además, que quien lo haya emitido sea competente para hacerlo conforme a la ley vigente, lo que significa, que toda resolución de autoridad necesariamente debe provenir de quien para ello esté facultado expresamente, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la suscribe, y el normativo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación.

3.- BENEFICIOS DERIVADOS DE LA CORRECCIÓN.

A) El Municipio tendrá cada vez mayores justificaciones para que le extiendan esta clase de recursos, sustentándose en documentos que fehacientemente demuestren la existencia de semejantes necesidades.

B) El SUBSEMUN podrá destinarse en su totalidad al fortalecimiento de actividades en materia de seguridad pública y podrán alcanzarse recursos económicos para sufragar el gasto corriente de las distintas clases de aportaciones federales.

C) Existirán múltiples formas de allegarse recursos económicos para cubrir las necesidades del Municipio y a la par se le dará mayor estabilidad.

D) De contarse con los instrumentos y equipo de trabajo así como con la implementación de la infraestructura adecuada y el personal capacitado para su eficiente conservación, la entidad municipal encargada de la seguridad pública ejecutaría satisfactoriamente todas las actividades que requiriesen su intervención disminuyendo considerablemente las incidencias que repercuten en el incremento de la prima de riesgo de trabajo para el cálculo de las aportaciones de seguridad social.

E) Derivado de hallar la manera de solucionar las deficiencias existentes en el ámbito de la seguridad pública municipal, también disminuirían notablemente los accidentes por riesgos de trabajo teniendo en cuenta que el uso de la fuerza sería sustituida por la aplicación de la inteligencia para persuadir al infractor de proseguir con la ejecución de su conducta, y en el peor de los escenarios se estaría en posibilidad de enfrentar situaciones de peligro desplegando estrategias diseñadas de manera tal que sofocarían certeramente un escenario inminentemente peligroso brindando simultáneamente la mayor protección física a los elementos de seguridad pública.

F) Sobre la tesitura desarrollada es notable que a raíz de fortalecer apropiadamente a un gobierno, sea del nivel que sea, sobreviene un equilibrio que armoniza todo lo que hay en su interior, luego entonces y en tratándose del robustecimiento de la esfera que atañe a un área tan arriesgada como la tocante a los cuerpos policiales, sin duda alguna se reducirían enormemente los accidentes de trabajo y por añadidura sería viable demostrar con las documentales públicas apropiadas los resultados arrojados por las estadísticas, mismos que se reflejarían en situaciones fácticas confiablemente certificadas para formar la convicción del Instituto Mexicano del Seguro Social por cuanto hace al factor de riesgo que por disposición legal está prevista para cuantificar el monto de las contribuciones que deben cubrírsele.

G) Finalmente es conveniente destacar que además de los mecanismos ejecutables en materia de seguridad pública se encuentran previstos otros más en la Ley de Coordinación Fiscal, pero específicamente en los artículos 25 primer párrafo fracción IV, 33 y 35 de dicho ordenamiento se contempla al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual constituye un apoyo económico exclusivo para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con un alto o muy alto nivel de rezago social en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, pero correspondiendo la distribución de estos recursos económicos a los Gobiernos de las Entidades Federativas.

En esa línea de pensamiento, si se reducen las carencias económicas y de subsistencia en los grupos sociales más afectados, ello contribuiría a que se redujera la comisión de delitos patrimoniales motivados por extrema necesidad así como que los elementos de seguridad pública se concentraran en atender con mayor énfasis conductas antijurídicas de mayor gravedad y repercusión en la sociedad.







La revista Ex Lege es una publicación trimestral, que contendrá interesantes secciones, como las dedicadas a las aportaciones de docentes, alumnos y autores invitados, así como espacios para ponencias, conferencias, entrevistas y noticias.