AÑO 6 NO. 24 || 15 . DICIEMBRE . 2015
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
La irrevocabilidad de las resoluciones en el Sistema Oral Mercantil.

Artículo realizado por: Licenciado Adolfo Muñoz Ledo Gómez.
Docente de la Facultad de Derecho
Universidad de la Salle Bajío A.C.

Imagen tomada de: www.noticiasggl.com



El artículo 1390 Bis del Código de Comercio, en su segundo párrafo, literalmente señala lo siguiente:

“Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno”

Esta disposición genera un grave conflicto, que conlleva una gran inseguridad jurídica, y que lleva a interpretar sus alcances reales. Es importante recordar que los códigos son dirigidos al justiciable en general, por lo tanto deben ser instrumentos sencillos y fáciles de entender por el ciudadano en general. No debe ser necesario acudir a otras fuentes para obtener más información o interpretación. Sin embargo debido a la reciente transformación del derecho, en la cual ha surgido la nueva teoría de los derechos humanos, de las convenciones y de los tratados, ahora esos dispositivos legales elementales no son el texto completo para regular las situaciones que de hecho se presentan, sino que ya es necesario buscar el complemento en la jurisprudencia y en los diversos tratados y derecho internacional, todo esto acarrea una grave obscuridad y dificultad para entender los ordenamientos.

En su interpretación más elemental, que es la simple imposición de la lectura, esto es, la interpretación literal o gramatical, el texto referido en un inicio no deja lugar a dudas, ya que simple y sencillamente está señalando que cualquier resolución, trátese de decreto, auto o sentencia no puede impugnarse por ningún recurso. Para el ciudadano no queda duda de su significado, esto es, es absoluto el señalamiento de que no puede inconformarse de manera alguna contra alguna resolución que asuma el juez en su procedimiento.

Sin embargo el profesional del derecho de inmediato detecta que el texto no es tal y como lo redactan, y es aquí en donde comienza la labor de buscar un sentido en todo el entorno de conceptos. Por una parte se reconoce que bajo el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución General se regula el debido proceso, bajo el cual existen fases mínimas e indispensables sin las cuales no se debe resolver un litigio. Esas fases son las formalidades esenciales de todo procedimiento, partiendo desde la demanda, posteriormente el emplazamiento, que de hecho es la formalidad esencial más importante de todas, integrada por todo el sistemas de notificaciones para llamar a juicio a la parte demandada; desde luego la contestación de la demanda, enseguida el derecho de ofrecer, desahogar pruebas, posteriormente una fase de alegatos, la sentencia y finalmente los recursos, para impugnar las decisiones de la autoridad.

Los recursos son una formalidad esencial de todo procedimiento, debe constituirse como una constante para estimar cualquier procedimiento como legal. Es posible la supresión de ciertos recursos o de posibilidades de impugnación a determinadas resoluciones judiciales en beneficio de la continuidad y celeridad procesal, pero cualquier declaración absoluta de eliminar la fase de recursos es inconstitucional y priva a las partes de su legítimo derecho de defensa, vulnerándolo en sus derechos humanos fundamentales. Máxime si se elimina toda posibilidad de combatir la sentencia definitiva.

Por lo anterior el precepto legal en análisis es ilegal y contraviene la nueva corriente de protección de los derechos fundamentales de las personas. Ante las reformas e implementación del juicio oral mercantil, se estimo dotarlo de celeridad, ya que incluso en la respectiva exposición de motivos se refiere que ese fue el motivo por el cual se suprimió la fase de impugnación en el sistema oral. Sin embargo no parece una razón que justifique la redacción del artículo 1390 Bis segundo párrafo, puesto que si ponderamos las figuras jurídicas en juego, debemos considerar salvaguardar en todo caso el derecho de audiencia, de legítimo proceso y la seguridad jurídica por sobre la celeridad procesal, ya que aquellos se traducen de manera directa e inmediata en derechos sustantivos, y la celeridad procesal solo es una pretensión del proceso, que garantiza certeza ni seguridad.

Ahora bien cuál debe ser el alcance de la supresión total de medios de impugnación en el proceso oral. En primer orden estimar que al menos la sentencia debe ser posible recurrirla mediante un recurso ordinario, y concretamente la apelación, puesto que la sentencia se constituye como el factor procesal que otorgar ya un derecho sustantivo, es decir, cambia o constituye una nueva situación jurídica, por lo tanto es el acto de mayor rango en el proceso. Debemos considerar entonces el principio de que en atención a la relevancia y trascendencia del acto podemos revocar o apelar, y sin duda tota sentencia debe ser apelable.

Diversos tratados y convenciones proponen el derecho de recurrir las decisiones judiciales, como un derecho de defensa mínimo, y este derecho debería traducirse en un sistema de recursos efectivos, específicos y completos, y no una determinación tal como la del artículo en comento.

La Suprema Corte de Justicia ha estimado recientemente, que este derecho de impugnar lo concede el juicio de amparo, y que su promoción buscaría los mismos efectos de los de un recurso como el de la apelación. No considero que sea acertada la interpretación, puesto que se eliminan fases de revisión antes de llegar al juicio de amparo, y de cualquier manera, las cuestiones legales asumidas en un procedimiento debería poderse analizar previamente por las mismas autoridades y posteriormente por sus superiores inmediatos, ya que esta es la vía lógica y certeza de un sistema de recursos.

Pero además la cuestión importante es que existe una obscuridad absoluta en el artículo 1390 bis, al contener una afirmación tajante de la imposibilidad de recurrir las resoluciones. Existe un antecedente en el propio Código de Comercio, en su artículo 1339 al establecer también que eran irrecurribles las resoluciones que se dictaran en el procedimiento y las sentencias que recayeran en negocios de cierta cuantía. Rectificando y precisando este aspecto, la Suprema Corte interpreto que debería considerarse en lugar de irrecurrible, solo la no posibilidad de apelación, lo cual no remedia de ninguna manera la vulneración de los derechos fundamentales.





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